INSTALACION DE ASCENSOR EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

La tan traída y llevada problemática de las mayorias necesarias para la instalación del ascensor, que ocasiona tantas demandas en los edificios antigüos, que por el transcurso de los años desde su construcción y por las necesidades que llevan a su instalación por parte de los propietarios de edad avanzada o con minusvalía fué resuelta pro la Ley 15/1995, de 30 de Mayo, de supresión de barreras arquitectónicas y por el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal al establecer que es necesaria la mayoría de las tres quintas partes y no mayoría absoluta, incluso cuando supongan una modificación del título constitutivo.

Es más, es necesaria esta mayoría de 3/5 partes aunque su instalación afecte a elementos comunes, a cuartos de contadores y al sistema eléctrico.

Uno de los razonamientos por los que no es necesaria la aprobación del acuerdo de instalación de ascensor por mayoría, es que no existe grave daño al interés particular o al de la comunidad, para aquel copropietario que desista de su instalación, como así establece el artículo 18.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal.

Este hecho ha llevado a una reiterada jurisprudencia consolidada que lo avala, por considerar la instalación de un ascensor comunitario como una obra necesaria de conservación que asegura la habitabilidad del inmueble para su normal disfrute por todos los vecinos, incluso de los locales comerciales obligados legalmente al pago de los gastos ocasionados por la instalación, excepto que el título constitutivo disponga lo contrario.

En cambio, y cuestión bien distinta es la de la exigencia de unanimidad para modificar el sistema a llevar cabo para el reparto de gastos de la intalación del ascensor; es decir, que si se ha tomado, en una Junta legalmente convocada, la decisión de contribuir a estos gastos por alturas del edificio, o todos los propietarios por igual, e incluso eximir a algún propietario del pago, y esta no ha sido impugnada, lo que no puede ser es que con psoterioridad se decida un cambio de criterio sin unanimidad de todos los copropietarios, pues este será nulo. Pero, no olvidando, que aunque hay Jurisprudencia al efecto para todos los gustos el criterio de reparto de gastos a seguir debería de ser el de las cuotas de participación fijadas en el título constitutivo.

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Sobre el Autor: María Jesús Conde

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