La Prueba en el Despido Objetivo

Me he encontrado en la práctica con un  problema, que me preocupa, a tenor de la regulación de la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, ya que como sabemos siempre ha habido que acreditar una situación económica negativa por parte de la empresa pero, además, la Ley 35/2010 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, describe esta como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que pueden afectar a su viavilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo.

La empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva, para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

Las resoluciones emitidas, hasta la fecha por los Juzgados de lo Social, en Asturias, requieren del correspondiente Informe Pericial o Auditoría de las cuentas de la empresa, junto con el Balance de Situación, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Hasta aquí estoy de acuerdo, la empresa es la que tiene la carga de la prueba, faltaría más, pero ¿cómo podemos analizar que esa prueba nos aporta la situación real de la empresa?, aquí comienzan mis dudas, pues está claro que:

-la falta de liquidez de hoy no es causa para no poder afrontar los pagos de mañana. En cuantas ocasiones vemos la caja de una empresa y esta es negativa pero puede afrontar los pagos inmediatos a través de los inminentes cobros de facturas pendientes, y esté apunte en la contabilidad recordemos que no vendrá reflejado hasta que se cobre la deuda,

-cuantas empresas conocemos que no tienen liquidez en caja y, en cambio, tienen unos beneficios brutales,

-y, el caso contrario, las empresas, que las hay, que tienen disponible en caja pero reflejan unas pérdidas que asuntan,

-hay innumerables empresas que cuanto más venden más pierden, pero su nivel de ingresos permanece e incluso puede que se incremente, sin olvidar que podemos tener, a pesar de ello, unas pérdidas aseguradas.

Además, este informe pericial tendrá un coste económico para la empresa, y es de suponer que un coste elevado, si está realizado por un profesional competente que debe de asistir al acto de jucio a ratificarse en lo expuesto; entonces, ¿cómo es que este coste si lo puede afrontar la empresa?.

Por otro lado, y no quiero entrar donde nadie me llama, pero con los máximos respetos, me pregunto ¿disponen los Jueces de lo Social de formación suficiente para analizar la situación Económico-Financiera de una empresa?, esto es un asunto a tener en cuenta porque es preocupante; ya que podemos hacer depender la decisión de la prueba practicada por la empresa a través de un, hábil, experto profesional que sea capaz de llevarnos a su terreno; y, tampoco es cuestión de dejar indefenso ante ello al trabajador, que siempre será la parte más débil de la relación laboral y, este caso, más.

Por el momento, si hablamos con expertos juristas sólo nos saben decir que a través de la jurisprudencia iremos viendo como se encamina la situación.

Os planteo este problema (o así lo veo) a ver que os parece.

Sobre el Autor: María Jesús Conde

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